Altos costos de alimentos y transporte continúan presionando el gasto familiar

• La mayoría de los hogares rurales pobres experimentarán inseguridad alimentaria en Crisis (Fase 3, CIF) hasta que las primeras cosechas y el inicio de la temporada de alta demanda de mano de obra pongan fin al periodo estacional de escasez. A partir de octubre, la mejora en los ingresos y disponibilidad de granos de su propia cosecha permitirá mejorar la alimentación, por lo que se prevén resultados de Estrés (Fase 2, CIF) hasta enero del 2022.

• Los hogares más pobres del corredor seco y de zonas impactadas por Eta e Iota se clasificarán en Crisis (Fase 3, CIF) durante hasta enero del 2022. Aunque la cosecha y los ingresos provenientes del trabajo estacional aliviarán levemente la gravedad de las brechas en el consumo de alimentos, los rendimientos granos básicos y el nivel de ingresos probablemente serán demasiado bajos para evitar que continúen utilizando estrategias afrontamiento negativas. Mientras tanto, los hogares pobres urbanos se clasificarán en Estrés (Fase 2, CIF) durante todo el periodo, pues sus ingresos siguen siendo por debajo de lo usual y enfrentan altos precios de alimentos y transporte.

• La vacunación avanza lentamente y los contagios por COVID-19 aumentan semana a semana. Las únicas restricciones vigentes son las que manda el semáforo de alertas COVID-19 que restringe aforos y distanciamiento social. La actividad económica continúa su paulatina recuperación, pero los hogares aún no logran reestablecer por completo sus fuentes tradicionales de ingresos pues aquellos sectores de mayor demanda de mano de obra continúan limitados por las medidas impuestas.

• Los precios de los alimentos han ido en aumento en los últimos meses pues han absorbido el incremento del costo de los combustibles y por consiguiente del transporte. Además, durante agosto, los bloqueos de vías principales de comunicación por protestantes causaron alzas atípicas en el precio del maíz, cuyo valor se ha mantenido alto todo el año. Estos incrementos al precio del maíz, como base de la dieta de los hogares rurales, así como del transporte en general, ha reducido la capacidad de compra de los hogares.

Tras semanas de constantes aumentos de los casos positivos de COVID-19, el 85 por ciento de los municipios se encuentran en alerta roja. El 13 de agosto, el Ejecutivo anunciaba el decreto del  Estado de Calamidad Pública pero no fue ratificado por el Congreso, por lo que las únicas medidas vigentes son las establecidas por sistema de alerta COVID-19 que restringe aforos y distanciamientos dependiendo del color de alerta del municipio. Como resultado, las actividades económicas continúan en paulatina recuperación obedeciendo las restricciones correspondientes. El índice mensual de actividad económica (IMAE) de junio muestra una recuperación en comparación al año pasado (con una variación interanual de 13.5 por ciento comparado con -7.5 por ciento en 2020).

Aunque la actividad económica se está recuperando, las fuentes típicas de ingresos de los hogares urbanos y rurales siguen estando por debajo de los niveles prepandémicos. En el área rural, el empleo esporádico para actividades de siembras y mantenimiento de cultivos fue escaso ya que los hogares medios que suelen demandar esta mano de obra siguen sin recuperar su nivel económico después del impacto del COVID-19. Mientras que, en las áreas urbanas, el empleo formal en sectores tales como servicios personales, alojamiento, comida, enseñanza – que son actividades más afectadas por las restricciones de aforo y distanciamiento social – continúa recobrándose de forma parcial y lenta. Asimismo, el turismo está aumentando lentamente, pero continúa deprimido afectando a toda la cadena de empleos formales e informales vinculados a dicha actividad, tales como hoteles, restaurantes, transporte, comercios y artesanías. Por ejemplo, la visita de salvadoreños que celebran sus fiestas agostinas es muy importante para el turismo nacional. Sin embargo de acuerdo a noticias del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), este año solamente se recibió un tercio de las visitas registradas en 2018 y 2019. En el 2020 no hubo visitas por el cierre de fronteras.

Los ingresos acumulados de remesas en los primeros siete meses del año son 39.6 por ciento mayores que los del año 2020 y 41.6 por ciento mayores que el año 2019. Sin embargo, las remesas son recibidas principalmente por hogares de ingresos medios que han dedicado la mayoría de estos recursos para el consumo y ahorro y en menos frecuente para continuar con algún proyecto de construcción de vivienda o contratación de mano de obra agrícola. Los impactos de las remesas en hogares pobres son indirectos, dependiendo de la demanda de mano de obra.

Desde finales de julio hasta mediados de agosto, semanas seguidas de protestas sociales por descontentos políticos en distintas partes del país resultaron en el cierre de vías principales de comunicación y de ingreso a la ciudad capital. Si bien la disponibilidad de granos básicos en los mercados se mantuvo normal durante las protestas, los cierres de carreteras interrumpieron el transporte comercial, lo que condujo a alzas atípicas en los precios del maíz que ya eran altos. En la segunda semana de agosto, el precio del quintal de maíz blanco en el mercado de La Terminal subió 7 por ciento comprado al promedio de julio, a consecuencia de los bloqueos de carreteras. Ya en julio, el precio estaba 17 por ciento por arriba del precio del año pasado y 23 por ciento comparado con el promedio de los últimos cinco años. El quintal de frijol negro se ha mantenido al mismo precio pues el mercado es abastecido de grano almacenado localmente. En las últimas semanas de agosto, las protestas han disminuido y los flujos comerciales han sido regulares en el país. Sin embargo, los precios de los granos básicos siguen afectados por la alta demanda por parte de la industria nacional y por el alto precio del combustible y del transporte, que han afectado el costo de los alimentos a nivel general. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el Índice de Precio al Consumidor al mes de julio indica un ritmo inflacionario interanual de 3.82 por ciento y una inflación mensual de 0.33 por ciento. A nivel interanual, las principales variaciones fueron registradas por las divisiones de gasto de transporte, vivienda, alimentos. Los principales gastos básicos con la mayor alza porcentual son: servicio de bus extraurbano, servicio de bus urbano, así como los combustibles (Figura 1). En comparación con el promedio de los cinco años tanto la gasolina regular como el diésel registran un incremento del 18 por ciento. El constante aumento del costo de alimentos y de transporte impacta negativamente el poder adquisitivo de los hogares que se ven empujados a consumir menos alimentos o de menor calidad, a limitar sus traslados tanto a empleos como a los mercados y cortar otro tipo de gastos.

El proceso de vacunación sigue siendo lento, pero avanza de forma más regular gracias a la donación de dosis de vacunas. Hasta el momento se han recibido 7.75 millones de dosis de vacunas de cuatro tipos: AstraZeneca, Moderna, Sputnik y Pfizer, 70 por ciento de ellas donadas. La vacunación está abierta para mayores de 30 años, para estudiantes universitarios y trabajadores de actividades esenciales. Con las vacunas disponibles actualmente, y dado que todas son de dos dosis, se tiene capacidad para vacunar al 34.4 por ciento[1] de la población mayor de 18 años. Según un análisis realizado por el proyecto Diálogos, la vacunación está avanzando más lento en población rural y de las comunidades lingüística Maya y Xinka que son también las comunidades más afectadas por la inseguridad alimentaria. Esto es debido a varias razones entre las cuales la falta de información, la complejidad de proceso de inscripción, la distancia y costo del transporte para ir a las cabeceras municipales donde se ofrece este servicio. La baja tase de vacunación expone a estas poblaciones rurales a mayores probabilidades de contagio que puede perjudicar su capacidad de movilizarse y generar ingresos por mano de obra agrícola, lo que impactaría el acceso a alimentos. 

En el centro, oriente y norte del país los cultivos de granos básicos del ciclo de Primera muestran un desarrollo favorable, mientras que en el sur ya inician las primeras cosechas de maíz. Durante la temporada, áreas focalizadas de siembra en el sur, norte y occidente reportaron afectación por inundaciones debido a la crecida de los ríos o a fuertes vientos. Desde inicios de agosto, áreas focalizadas del corredor seco oriental han experimentado irregularidad de lluvias y altas temperaturas. Estas condiciones causaron una mayor pérdida de humedad del suelo lo que ha afectado algunos cultivos, particularmente de los agricultores de subsistencia que carecen de acceso a riego e insumos para mitigar los daños.

En agosto, aproximadamente 41,000 hogares de Son en total 79 municipios ubicados en Quiché, Huehuetenango, Sololá, Alta Verapaz, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Zacapa, El Progreso, Retalhuleu y Santa Rosa están recibiendo asistencia alimentaria a través de transferencias monetarias por parte de organizaciones humanitarias no gubernamentales internacionales, con fondos principalmente de USAID y ejecutado a través de organizaciones no gubernamentales como PCI, PMA, Word Visión, Plan Internacional, CRS, Save the Children, COOPI, Oxfam y Trocaire. La cobertura porcentual podría ser suficiente para mejorar los resultados de seguridad alimentaria en los municipios de San José Chacayá, Santa Cruz La laguna, San Marcos La Laguna, San Pablo La Laguna, Santa Catarina Palopó, Santa María Visitación y San Antonio Palopó en el Departamento de Sololá; San Juan Atitán, Tectitán, Santiago Chimaltenango en Huehuetenango y San Juan Tecuaco en Santa Rosa.

Los supuestos utilizados por FEWS NET para desarrollar el escenario de seguridad alimentaria más probable para el período de junio 2021 a enero 2022 han sido modificados de la siguiente forma.

Evaluaciones en el campo siguen en curso, pero se espera que existan  afectaciones en los cultivos de maíz de los agricultores de subsistencia en áreas del corredor seco de oriente que causaría pérdidas totales o parciales de cosechas. 

Hasta septiembre, los hogares del área rural transitan el periodo de escasez marcado por la falta de ingresos y la dependencia en la compra de alimentos, particularmente maíz y frijol que continuarán a precios por arriba del promedio. El costo del transporte se mantendrá alto, limitando la movilización de los hogares hacia las fuentes de empleo temporal y el poder adquisitivo de los hogares. Sin ingresos y enfrentando altos precios de los alimentos y disminución en el consumo de alimentos, estos hogares seguirán arrastrando deudas y usando estrategias afrontamiento que ponen en riesgo sus medios de vida, por lo que se clasificarán en Crisis (Fase 3, CIF).

La temporada de alta demanda de mano de obra iniciará en octubre, principalmente en la cosecha de café y la zafra de caña de azúcar. Se espera que la disponibilidad de fuentes de empleo sea promedio y que los ingresos de los hogares rurales pobres estén en rangos usuales. La movilización hacia México y Honduras en búsqueda de empleo se daría sin mayores obstáculos, pero podría ser menor a la época prepandemia, dadas las dificultades de transporte y el miedo al contagio. El lento avance de la vacunación en las poblaciones indígenas y rurales constituye un riesgo importante. Sin embargo, se espera que los protocolos de bioseguridad para el corte, carga y transporte del café o azúcar se adopten de forma más eficiente, al ser segundo año consecutivo de su implementación. La mejora de los ingresos y la perspectiva de una cosecha promedio de granos básicos permitiría la mejora del acceso a los alimentos y recuperación de parte de su capacidad de respuesta, y la transición por hogares rurales a inseguridad alimentaria en Estrés (Fase 2, CIF) hasta enero del 2022. 

No obstante, la situación será diferente para los hogares rurales más pobres, que residen principalmente en el corredor seco, los hogares que perdieron parte o totalmente su cosecha en el occidente y oriente del país, así como las zonas afectadas por las tormentas Eta e Iota. A pesar de la mejora en los ingresos, el arrastre de deudas, el deterioro en sus medios de vida, los altos precios del transporte y alimentos, y el prolongado uso de estrategias de afrontamiento no les permitirán mejorar sustancialmente su situación, manteniendo una situación de Crisis (Fase 3, CIF) hasta enero del 2022. En algunas áreas focalizadas, algunos de estos hogares podrían ver una mejora temporal en su condición por la asistencia alimentaria que se brinda a través de transferencias monetarias de parte de la cooperación.

En las áreas urbanas, la actividad económica continúa recuperándose, pero no llegan a los niveles prepandemia. Los empleos aún no han sido restituidos en su totalidad pues las medidas de aforo y distanciamiento perjudican la operación normal de servicios y comercios, centros educativos y de entretención. Asimismo, el empleo informal continúa afectado pues dependen de la demanda de quienes siguen sin restaurar sus ingresos o lo han hecho de forma parcial. El aumento de los precios del combustible, transporte público, alimentos sigue impactando el gasto familiar.  Para cubrir sus necesidades de alimentos, los hogares urbanos pobres se verán presionados a reducir los gastos en salud y educación, y consumir una dieta poco diversa y de baja calidad nutricional, por lo que experimentarán inseguridad alimentaria en Estrés (Fase 2, CIF) hasta enero del 2022.