Deterioro de la seguridad alimentaria tras prolongado impacto de COVID-19

• La prolongación de las medidas gubernamentales para frenar el avance del COVID-19 sigue impactando la capacidad de operación de empresas y comercios que se han visto obligadas a reducir la cantidad de personal contratado. El efecto del comercio internacional en la industria nacional también se ha manifestado en la disminución de la compra de algunos productos de exportación, y el sector del turismo está prácticamente paralizado pues depende de la apertura de las fronteras y la demanda de viajeros internacionales.

• A nivel nacional, los hogares más afectados cuentan con un ingreso parcial y otros han perdido completamente su fuente de ingresos, lo que los ha llevado a recurrir al uso de estrategias de afrontamiento negativas para cubrir sus requerimientos alimenticios mínimos. Entre junio y septiembre, estos hogares recibirán ayudas del Gobierno, lo que permitirá mejorar el acceso a alimentos y clasificarse en una situación de seguridad alimentaria (Fase 1! CIF). Pero la prolongación de la crisis llevará a una situación de inseguridad alimentaria en Estrés (Fase 2, CIF) entre octubre y enero del próximo año.

• En plena época de escasez, los hogares de las áreas rurales, especialmente en el corredor seco experimentan mayor dificultad en el acceso alimentario debido a las restricciones de movilidad y a una menor demanda de mano de obra local. La asistencia gubernamental y de otras instituciones, de junio a septiembre, evitará que los hogares recurran a estrategias de crisis para cubrir sus requerimientos alimenticios por lo que se clasificarán en Estrés (Fase 2!, CIF).

• De octubre a enero se presenta el principal periodo de empleo temporal, pero la falta de recursos de los pequeños y medianos cafetaleros, la reducción en la demanda internacional de diversos productos, las posibles restricciones de paso transfronterizo causarían una menor contratación, particularmente en el café, pero también en otros sectores incluyendo hortalizas y el turismo. Estos hogares deberán recurrir al uso de estrategias de afrontamiento y los situará en inseguridad alimentaria en Crisis (Fase 3, CIF) marcada por los altos precios de los granos básicos y una cosecha de maíz y frijol que no alcanzará para cubrir las necesidades del hogar.

Situación actual

Desde mediados de marzo el país experimenta los efectos de la pandemia del COVID-19. Durante junio se ha registrado el mayor aumento de casos con una curva constante de crecimiento. Al 29 de junio, se registran un total de 16,930 casos totales y 13,049 casos activos. Las restricciones implementadas por el gobierno desde marzo para evitar la propagación del COVID-19 han provocado la interrupción de casi la totalidad de las actividades socioeconómicas del país: los cierres permanentes y parciales de negocios y empresas y la suspensión del transporte público afectaron a todo el país.

Temporada de lluvias y cultivos. Las siembras de granos básicos se establecieron en todo el país durante mayo, aunque iniciaron en febrero en el Altiplano occidental. Las recientes lluvias han favorecido las siembras y el desarrollo de los cultivos que ya están en crecimiento. Sin embargo, en algunas áreas focalizadas, el paso de las dos tormentas Amanda y Cristóbal a inicios de junio causó inundaciones focalizadas sin tener mayores afectaciones en los cultivos.

Disponibilidad de alimentos y acceso a mercados. El abastecimiento de productos alimenticios en los mercados y supermercados del país se mantiene estable. A pesar de controles sanitarios adicionales en las fronteras del país, el transporte de carga es permitido y fluye de forma constante. Sin embargo, los horarios restringidos de circulación de transporte de personas, así como de apertura de mercados complica el acceso físico a los mercados y el flujo normal de productos hacia mercados cantonales. Por lo tanto, los hogares rurales que habitan lejos de las cabeceras municipales deben recurrir a las tiendas de las comunidades para la compra de alimentos básicos, muchas veces a precios más altos.

Fuentes de ingresos. Las restricciones impuestas para frenar el contagio del COVID-19 han impactado las fuentes de ingresos de los hogares tanto a nivel rural como a nivel urbano. Las limitaciones de movimiento han impedido que los hogares rurales pobres que viven del trabajo agrícola diario puedan trasladarse entre comunidades, municipios y departamentos en búsqueda de empleo. Asimismo, la baja demanda de mano de obra proveniente de los hogares medios y acomodados que fueron golpeados por la reducción de ingresos – ya sea por empleo, comercio o remesas – , también ha afectado las ya escasas oportunidades de generar algún jornal. Las áreas urbanas que viven del empleo formal e informal, comercio y servicios fueron las que resintieron de forma inmediata el efecto de las restricciones: la falta de transporte, la imposición de horarios de movilización y operación de sectores, el cierre de pequeños negocios y la caída en la demanda de los productos y servicios no esenciales afectaron en primer lugar a los trabajadores del sector informal, que representan el 70 por ciento de la población ocupada, que carecen de protección laboral y cuyo  escaso ingreso diario dificulta la posibilidad de ahorro. Posteriormente el paro de la actividad económica alcanzó a los empleados en el sector formal sobre todo los vinculados a los sectores de servicios como restaurantes, hotelería, turismo, cuidados personales y comercios. La caída de la demanda y ventas alcanzó a gran cantidad de empresas, que después de tres meses de inactividad han reducido operaciones haciendo ajustes a su planilla, a través de despidos, tiempos parciales, y suspensiones, por lo que la disminución de ingresos económicos se ha prolongado desde mediados de marzo. Según consta en la tercera encuesta sobre el impacto del coronavirus en las empresas realizada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), donde más de la mitad de los participantes están ligados al comercio, la industria y los servicios, el 46 por ciento de las empresas ha suspendido contratos, y de ellas el 36 por ciento lo ha hecho totalmente. En un mes se duplicó la cantidad de empresas que recurrieron a la suspensión y un cuarto de empresas perdieron la mitad de sus ventas, lo que demuestra el impacto de la prolongación de las medidas restrictivas en la capacidad de las empresas de mantenerse a flote. De la misma forma, la Cámara del Agro de Guatemala, en su tercera encuesta del impacto del COVID sobre el sector, reporta los rubros de hule, café, vegetales y frutas han sufrido la mayor disminución en sus ventas por una menor demanda que es el mayor problema para el 35 por ciento de los encuestados. El sector turismo está prácticamente paralizado: de acuerdo a datos publicados en la II Encuesta del impacto económico al sector turismo de Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), el 44 por ciento de las empresas manifiesta un cese completo de la actividad y un 33 por ciento un impacto mayor del 80 por ciento, siendo los restaurantes, tour-operadores y hoteles los que manifiestan el cierre temporal a permanente; en promedio, a mayo, se había despedido al 27 por ciento de los trabajadores en empleos demandados por el turismo. Para los trabajadores de la economía informal los ingresos se han reducido del 50 hasta el 75 por ciento, y el 100 por ciento para las trabajadoras domésticas y jardineros empleados en casas particulares y oficinas. A medida que fueron mermando las actividades económicas y las posibilidades de generar algún ingreso, los hogares más pobres han recurrido a las calles a pedir ayuda alimentaria ondeando una bandera blanca. Si bien no existe un conteo oficial o un estudio que lo documente, este fenómeno evidencia el nivel de necesidad de los hogares.

Ingresos por remesas. Cerca de 6 millones de guatemaltecos son beneficiarios de remesas provenientes de Estados Unidos y en algunas zonas de medios de vida constituyen un rubro importante. Estos ingresos se utilizan de forma directa para el consumo familiar, la inversión en pequeños negocios, construcción y para adquirir insumos para la siembra. De forma indirecta, benefician a terceros a través de la compra de productos y el empleo de mano de obra en construcción o jornal agrícola. A nivel nacional, las remesas venían en un constante aumento desde hace diez años y en 2019 representaron el 13.8 por ciento del PIB. Esta tendencia se vio interrumpida en marzo, cuando los efectos de COVID-19 golpearon a la economía estadounidense, impactando los sectores de mayor fuente de empleo para los inmigrantes: de febrero a abril las remesas bajaron 14.5 por ciento. Entre abril 2020 y abril 2019 se registró una reducción del 20 por ciento. Ya en mayo el monto total mostró una recuperación del 21 por ciento en relación con el mes anterior, pero aun 14 por ciento menor en relación a mayo de 2019. El Banco de Guatemala pronostica una reducción de 9 por ciento en las remesas para el año 2020.

Precios de los alimentos. Los precios de los granos básicos se dispararon en marzo a consecuencia de las compras de pánico y el acaparamiento. Si bien los precios bajaron a los pocos días, se han mantenido por arriba del promedio de los 5 años y de los registrados el año pasado: el maíz blanco muestra un aumento el 10 por ciento y 19 por ciento respectivamente, mientras que el frijol muestra una variación del 53 por ciento y el 36 por ciento, respectivamente. El comportamiento del precio del frijol es atípico motivado por el acaparamiento por parte de intermediarios y el alza en la demanda. La canasta básica alimentaria ha ido en aumento desde marzo: pasando de Q.3,543.13 en febrero a Q. 3,624.61 en mayo. El Índice de Precios al Consumidor también registró un aumento, siendo las divisiones de gasto correspondientes a comunicaciones, alimentos y salud que registraron las principales variaciones porcentuales: 8.42, 4.83 y 2.01, respectivamente. Entre los gastos básicos alimentarios con mayor incidencia positiva interanual del IPC están la papa, el güisquil, productos de tortillería, huevos y maíz.

Programas de asistencia del gobierno. A través de la Ley de rescate económico a las familias por los efectos causados por el COVID-19 (Decreto Legislativo 13-2020) planteada para compensar y mitigar la crisis económica causada por la Pandemia, el Gobierno lanzó varios programas de ayuda, siendo uno de los más importantes por el monto y cobertura, el Bono Familia que prevé tres aportes mensuales de Q1,000 por familia para un total de dos millones de hogares. Entre los criterios de priorización resalta el consumo de energía eléctrica menor a 200kWh durante febrero, pero también designa un máximo de 10 por ciento del total del fondo destinado a hogares sin energía eléctrica (200,000 hogares). Iniciado el 18 de mayo, este programa ha llegado a aproximadamente 1.5 millones de hogares para mediados de junio. Los otros dos programas que contemplan transferencia de dinero es el de Apoyo al Comercio Popular gestionado por las municipalidades y dirigido a trabajadores de la economía informal, con un objetivo d 200,000 personas a quienes se les hará una única entrega de Q1,000, el cual a mediados de junio suma alrededor de 51,500 personas originarias de 104 municipalidades beneficiadas; y el Fondo de Protección de Empleo dirigido a trabajadores suspendidos a quienes se les trasferirá Q75/día durante tres meses, y que en junio registra 112,000 personas inscritas, de las cuales 44,000 ya están recibiendo la ayuda. El otro programa de asistencia importante es el Programa de Apoyo Alimentario destinado a las poblaciones del área rural que no tengan acceso a energía eléctrica y a quienes se les hará llegar una dotación de alimentos equivalente a Q590.00 para cubrir por un mes los requerimientos calóricos de una familia de 5 miembros, e incluye un kit de higiene con jabón y mascarillas. Este programa dio inicio a mediados de junio.

Situación Nutricional. A nivel nacional, la semana epidemiológica 24 (7 al 13 de junio), corresponde a los meses del año donde el Ministro de Salud identifica más casos de desnutrición aguda que coincide con la época de escasez. Para esta semana, el Departamento de Epidemiologia del Ministerio reporta un acumulado de 15,998 casos (tasa de 69.2) de desnutrición aguda en menores de 5 años, siendo más del doble de lo que se había encontrado en la misma semana epidemiológica del año 2019 (7,542 casos, tasa de 32.6). Las tres zonas de preocupación analizadas en este informe concentran nueve de las doce áreas de salud con mayor riesgo de desnutrición aguda y seis de las diez áreas de salud con mayor riesgo de desnutrición aguda severa. El área de salud con mayor tasa es Escuintla con 236.8 que se triplica al compararla con la misma semana en el 2019. El Ministerio de Salud pretende emprender un proceso de búsqueda activa de casos de desnutrición aguda y otras acciones relacionadas a la nutrición en el marco de la emergencia del COVID-19, con el apoyo de la cooperación. Los protocolos incluyen la identificación, tratamiento y seguimiento oportuno de casos.

Etapas para la reapertura. El Gobierno publicó a inicios de junio la estrategia nacional de control de la epidemia de COVID-19 y bases la reapertura condicionada del confinamiento (Acuerdo Ministerial 146-2020). La fase 0 de la estrategia contempla la preparación de la desescalada e iniciará una vez se haya cumplido con ciertos criterios, entre ellos, el descenso de casos nuevos en un lapso de 14 días, y permitirá mayor movilidad de la población. Se podrá pasar al inicio de la desescalada, fase I del plan, cuando se acumulen otros 14 días de descenso de casos nuevos, de pruebas positivas y de casos sospechosos; contempla la apertura parcial de actividades económicas, centros de trabajo como comercios, restaurantes, actividades deportivas y los alojamientos turísticos sin uso de zonas comunes. La fase II de reapertura podría comenzar tras 14 días de descenso de casos nuevos, casos sospechosos y pruebas positivas, y permitiría la reapertura parcial de aquellas actividades que no hayan iniciado aún. Una de las opciones que ha anunciado el Gobierno es la apertura por zonas geográficas, siempre y cuando registren un descenso sostenido de los casos. Sin embargo, para mediados de junio, el Gobierno ya ha permitido la operación de ciertos comercios y servicios no esenciales que no se encuentran localizados en centros comerciales y que sigan las normas establecidas de distanciamiento y cupo máximo emitidas para su operación; no obstante, el transporte público y los horarios restringidos de movilización siguen en vigentes.

Supuestos nacionales

Evolución del COVID-19 y restricciones. De acuerdo con el informe publicado el 16 de junio por el Ministerio de Salud, se esperaría que los casos continúen en aumento hasta finales de agosto. Esta proyección podría marcar el pico para dicha fecha y su posible inicio de estabilización a inicios de septiembre. Con base a esta proyección y a las etapas de reapertura planificadas que irían en función de la evolución de la enfermedad, es probable que las medidas de confinamiento se relajen paulatinamente hasta septiembre. El levantamiento progresivo de las restricciones significaría una mejora en la locomoción de las personas y la posibilidad de generar ingresos. Sin embargo, la epidemia continuará teniendo efectos negativos durante todo el periodo de proyección, especialmente prolongado en las áreas rurales por las reducidas opciones de empleo en la zona.

Clima. Según el pronóstico de condiciones neutrales del fenómeno de El Niño (ENSO), las lluvias tendrían un comportamiento promedio a arriba del promedio durante la primera temporada de lluvias, previéndose la presencia de la canícula en julio con una duración e intensidad promedio. Para la segunda temporada de lluvias, los pronósticos muestran lluvias de promedio a por arriba del promedio, pero también muestran temperaturas levemente por arriba del promedio que favorecerían la evapotranspiración. La temporada de huracanes se pronostica por arriba de lo normal en la región.

Producción de granos básicos. A nivel nacional, se espera que las acumulaciones de lluvia permitan el desarrollo normal de los cultivos tanto de Primera como de Postrera y que se obtenga una cosecha promedio. La excepción serían aquellos hogares pobres que, por el COVID-19, no invirtieron lo usual en insumos agrícolas, para quienes la producción sería levemente por debajo de los volúmenes promedio.

Mercados y precios de granos básicos. La producción de alimentos en el país, así como la cadena de abastecimiento y el suministro en todos los mercado y supermercados, se mantendrá estable. La salida de las cosechas de Primera de maíz de las zonas de Oriente, Norte y costa sur del país, así como los flujos formales e informales desde México mantendrán abastecido al mercado. Sin embargo, los precios continuarán por arriba del promedio durante todo el período que cubre esta perspectiva.

Reapertura de actividades económicas. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Reapertura y la proyección sobre la evolución de la pandemia en el país, se esperaría una reapertura parcial y con limitaciones de las actividades económicas y del transporte público en septiembre.

Ingresos. Además de las empresas relacionadas a la industria de alimentos y salud que ya se encontraban operando, en junio el Gobierno permitió la apertura de ciertos comercios y servicios no esenciales que, aunque con limitaciones de horario, continuarían generando empleo. En algunas zonas las restricciones de movimiento entre municipios y departamentos comenzaron a relajarse a mediados de junio, y se espera que estas se mantengan y se extiendan paulatinamente a otras regiones si no existe un repunte en el contagio. El transporte público podría iniciar de forma parcial en septiembre/octubre, una vez haya llegado el pico de contagios; sin embargo, las medidas de distanciamiento impuestas y la menor capacidad de pasajeros podría ocasionar irregularidad en el servicio durante todo el año. Se esperaría que entre septiembre y octubre diversas actividades económicas del sector formal e informal vinculadas al comercio, transporte y almacenamiento, servicios de comidas y personales, construcción e industria manufacturera – que ocupan un gran porcentaje de la población trabajadora – , hayan comenzado a reabrir operaciones; sin embargo, gran parte lo hará lentamente y de forma parcial, por lo que para algunos hogares no significaría una mejora inmediata en los ingresos. Otras actividades, vinculadas a la demanda internacional de productos específicos y servicios de turismo tomarían más tiempo para levantarse y podrían seguir sin activarse completamente inclusive hasta el próximo año. En el área rural, la fuente primordial de ingresos es el jornal agrícola cuyo comportamiento depende de la capacidad económica de los hogares medios y acomodados, de la demanda de mano de obra en los cultivos comerciales (café, azúcar, hortalizas, etc.), y la capacidad de movilizase libremente entre municipios y hasta países vecinos como Honduras y México. Se espera que las fronteras sigan con restricciones de movilización. Además, la disminución de recursos por baja de remesas, comercio y empleos formales afectaría la contratación de jornal local durante todo el año. Para el café, la demanda de mano de obra para la fertilización y la cosecha podría ser menor que la usual debido a la menor compra del grano en el mercado internacional afectado por la pandemia y los controles de bioseguridad y distanciamiento requeridos en las fincas, por lo que los ingresos percibidos de esta fuente, especialmente durante los meses de alta demanda de mano de obra (octubre-enero/febrero), serían parciales.

Ingresos por remesas. La reducción en el envío de remesas continuaría afectando a los hogares medios y acomodados, pues la posibilidad de generación de ingresos por parte de los migrantes en Estados Unidos depende de la posibilidad de volverse a emplear. Sin embargo, Estados Unidos está atravesando uno de los periodos más críticos de desempleo, siendo los sectores que emplean migrantes los más afectados.

Programas de Asistencia del Gobierno en respuesta al COVID. A mediados de mayo dio inicio el programa de Bono Familia, cuya primera transferencia se hizo a entre finales de mayo y finales de junio y las otras dos entregas se realizarían en julio y agosto, con una cobertura de 2 millones de familias. Asimismo, se espera que se logre utilizar la totalidad del fondo de protección de empleo y que cubra a los empleados suspendidos. El programa apoyo alimentario vendría a cubrir las necesidades en el área rural por al menos por un mes entre julio y agosto.

Resultados de seguridad alimentaria más probables

Las medidas gubernamentales para frenar el avance del COVID-19 han tenido un efecto crítico en el acceso a los alimentos por una combinación de factores que incluyen la reducción hasta la ausencia total de ingresos, el aumento del precio de los productos alimenticios básicos, la suspensión del transporte público y las restricciones a la movilidad. El sector informal que integra al 70 por ciento de la población tuvo un impacto inmediato en sus medios de vida, experimentando una reducción de más de la mitad de su ingreso diario; en este sector se encuentran quienes se emplean en actividades agrícolas cuyo ingreso también fue afectado por una menor contratación, como efecto de reducción de ingresos de los empleadores y la imposibilidad de transportarse a los lugares de trabajo. Los empleados en el sector formal han sufrido suspensiones, despidos y cierres de empresas y comercios que, después de tres meses de inactividad, carecen de los recursos para seguir adelante. A esta situación se le suma el encarecimiento del maíz y frijol, de la canasta básica alimentaria que de marzo a mayo muestra un aumento de 2.30 por ciento, y del Índice de Precios al Consumidor que también registró un aumento del 4.83 en la división de alimentos, siendo los productos de tortillería uno de los rubros con mayor variación positiva.

En las áreas urbanas a nivel nacional, los trabajadores de la economía informal, como primeros afectados y carecientes de redes de protección que les permita sobrevivir a la merma de los ingresos diarios, están ajustando la calidad y cantidad de alimentos de su dieta y recurriendo a estrategias de afrontamiento de estrés para cubrir sus necesidades alimenticias básicas; a ellos se suman los empleados del sector formal, que también han recurrido a créditos, préstamos, ayudas, e incorporación a actividades generadoras de empleo no tradicionales para satisfacer las necesidades del hogar. Gracias a los programas de asistencia del Gobierno, estos hogares podrán obtener ingresos que les permita mejorar su alimentación tanto en calidad como en cantidad y evitar el uso de estrategias que les había permitido cubrir la dieta mínima, por lo que se clasificarán en Seguridad Alimentaria (Fase 1!) de junio a septiembre. De octubre hasta enero, la reactivación del transporte y el levantamiento de restricciones marcará el inicio de operaciones de diversas actividades económicas, del sector formal e informal vinculadas al comercio, transporte y almacenamiento, servicios de comidas y personales, construcción e industria manufacturera que ocupan un gran porcentaje de la población trabajadora. Sin embargo, la recuperación comercial y financiera para muchas de estas empresas será lenta por lo que irán recuperando a la fuerza laboral de forma progresiva y parcial. Adicionalmente, otras actividades, relacionadas a la demanda internacional de productos específicos y a los servicios de turismo, tomarán más tiempo levantarse debido a la severidad del impacto. En el caso del turismo, la continuidad de las restricciones de viaje impuestas en diversos países ha llevado a una paralización casi total de esta actividad. Dado que los programas de asistencia del Gobierno llegan hasta agosto/septiembre, y que los ingresos recién inician su recuperación y no llegan a los niveles que se tenían antes de la pandemia, a partir de octubre los hogares de estas áreas, tanto en el área metropolitana como en cabeceras municipales, recaerían en inseguridad alimentaria en Estrés (Fase 2, CIF), con presencia de bolsones de población que sin asistencia presentarían dificultades para cubrir su alimentación debiendo recurrir a estrategias de afrontamiento negativas que les haría caer en una situación de inseguridad alimentaria en Crisis (Fase 3, CIF).

Para los hogares en el área rural, la fuente primordial de ingresos es el jornal agrícola cuyo comportamiento depende de la capacidad económica de los hogares medios y acomodados, de la demanda de mano de obra en los cultivos comerciales (café, azúcar, hortalizas, etc.), y la capacidad de movilizase libremente entre municipios y hasta países vecinos tales como Honduras y México. En marzo, la aparición del COVID-19 en el país y las consiguientes restricciones impactaron la contratación de jornal agrícola, la movilización para la búsqueda de opciones de empleo y llegar a los mercados en los días de plaza para abastecerse. Estos factores dificultaron el acceso a alimentos y propició el uso de estrategias de afrontamiento negativas para asegurar la dieta básica de la familia. Los hogares pobres localizados en el corredor seco ya experimentaban dificultades en el acceso a los alimentos debido a la prolongación de la compra de alimentos, el alza de los precios de los granos básicos y el uso prematuro de los ingresos generados durante la alta temporada de mano de obra en 2019. Para alimentarse, los hogares ya habían comenzado a hacer ajustes en la calidad y cantidad de los alimentos incluidos en la dieta y estaban recurriendo a estrategias de afrontamiento crisis. Desde junio hasta agosto, buena parte de los hogares rurales recibirán por parte del Gobierno el Bono Familia que permitirá mejorar el acceso a los alimentos; asimismo, entre junio y agosto, se les entregará el Apoyo Alimentario del gobierno, y en algunos municipios de oriente y occidente, organizaciones de la cooperación brindarán asistencia alimentaria. Estos programas de asistencia permitirán que los hogares rurales logren mejorar la calidad y cantidad de alimentos incluidos en la dieta, mejorando los resultados de seguridad alimentaria para clasificarse en seguridad alimentaria (Fase 1!, CIF) y en inseguridad alimentaria en Estrés (Fase 2!, CIF), especialmente el corredor seco.

El segundo periodo de la perspectiva (octubre-enero) coincide con la alta demanda de mano de obra, sin embargo, se espera que la oferta de empleo esté por debajo de lo usual debido a la disminución de ingresos por suspensión de empleos, disminución de comercio y de remesas de los hogares medios y acomodados que generalmente contratan jornaleros locales para actividades agrícolas, especialmente las vinculadas al café y la construcción. La oferta de trabajo para el corte de café podría verse disminuida por medidas de distanciamiento y de bioseguridad impuestas en las fincas y una caída en las ventas internacionales y los controles en la frontera con Honduras y México podrían limitar el paso de quienes usualmente migran para emplearse durante los meses de corte de café. A esto se suma la merma de la actividad turística que generaba ingresos al pequeño comercio a porciones de población localizadas en lugares turísticos de las diferentes zonas del país. Entre octubre y enero/diciembre las cosechas de granos básicos deberían mejorar por algunos meses la disponibilidad de alimentos, pero debido a la falta de recursos los hogares pobres disminuyeron el área sembrada y/o dejaron de usar insumos lo que resultará en rendimientos parciales y reservas por debajo del promedio. Se prevé que para estos meses ya no se contará con los programas de emergencia COVID-19 implementados por el Gobierno y por la cooperación internacional lo que llevará a los hogares a una situación de inseguridad alimentaria en Crisis (Fase 3, CIF) debido al permanente empleo de estrategias negativas para llenar las necesidades alimenticias mínimas de los hogares, y en Estrés (Fase 2, CIF) para otras áreas rurales impactadas por la baja en los ingresos, principalmente provenientes del turismo y comercio informal.

Eventos que pueden cambiar la perspectiva a nivel nacional

Posibles eventos en los siguientes ocho meses que pueden cambiar el escenario más probable.